sábado, 14 de agosto de 2010

La audiencia nacional obliga al gobierno a dar datos a Oceana sobre la contaminación por mercurio del pescado vendido en España

La organización de conservación marina confía en la rápida ejecución de la sentencia, tras haber reclamado infructuosamente desde 2007 cifras sobre el nivel de contaminación por mercurio de los productos pesqueros españoles. La Administración se negaba también a facilitar el listado de barcos autorizados por la Secretaría General del Mar a cortar las aletas de los tiburones a bordo

Oceana muestra su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la Secretaría General del Mar a facilitar los datos correspondientes al cercenamiento de aletas de tiburón a bordo de los barcos palangreros de la flota española. Tras llevar pidiendo esta información desde 2007, Oceana solicita la rápida ejecución de la sentencia, conocida el 23 de diciembre de 2009. Ésta establece también la entrega de información sobre el nivel de toxicidad por metales pesados acumulado por distintas especies de peces explotados por el sector pesquero en este país.
La sentencia, dictada en el recurso contencioso-administrativo contra el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, obliga al mismo a facilitar estos datos a Oceana, de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Ana Barreira, abogada de Oceana y Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, ha declarado: “De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, tanto los ciudadanos como las ONG tienen derecho a acceder a la información de carácter ambiental. Es desafortunado que algunas administraciones sigan poniendo trabas. Tener que acudir a los tribunales para que este derecho sea respetado, tal y como ha sucedido con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional a favor de Oceana, pone en evidencia fallos en el Estado de derecho y supone una pérdida de recursos”. 

Si quiere leer la sentencia completa solicítela

lunes, 9 de agosto de 2010

Ley 12/2010, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo

Ley 12/2010, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo

Se ha publicado en el DOCV Núm.6316 de 22 de Julio de 2010 la LEY 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo.
La presente ley recoge un conjunto de disposiciones dirigidas, fundamentalmente, por un lado, a simplificar los procedimientos urbanísticos para facilitar la implantación de actividades productivas, y, por otro, a potenciar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para impulsar la inversión pública.

Se establecen modificaciones concretas de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, de la  Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Suelo No Urbanizable y de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Modifica el régimen jurídico de tres organismos de la Generalitat:

- La empresa pública Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A., ampliando su ámbito de actuación y su capacidad para impulsar la inversión de la Generalitat en la construcción de infraestructuras y en la gestión de servicios públicos
- La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, a la que se reconoce la posibilidad de contratar obras con aplazamiento de pago
- El Instituto Cartográfico Valenciano, al que se reconoce la condición de medio propio y servicio técnico de la Generalitat.

publicación en BOE de modificación de ley estatal de puertos

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/07/pdfs/BOE-A-2010-12703.pdf

martes, 3 de agosto de 2010

La justicia frena la construcción de 480 pisos en Ondarroa

Reconoce el interés ecológico de las marismas de Aieri y que la urbanización del entorno generaría «daños irreparables»

30.07.10 - 02:42 -
MIRARI ARTIME | GERNIKA.
El proyecto de la gestora municipal de Ondarroa para construir cerca de medio millar de viviendas de promoción pública en Aieri ha sufrido un duro revés. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido suspender de manera cautelar el plan especial de ordenación urbana de ese área, situada a la salida del municipio en dirección a Markina. La sala de lo Contencioso Administrativo considera que la calificación correcta de los terrenos debe ser de suelo no urbanizable en lugar de urbano, como aprobó el Consistorio en las normas subsidiarias de 1993. Además, se recalca que tiene que estar sujeto a un régimen específico de protección por tratarse de un LIC -lugar de interés comunitario- ; en concreto, de la ría Artibai.
La sentencia se expresa en sintonía con los argumentos expuestos por grupos ecologistas como Eguzki, Aieri Zaindu, Ekozain y Berdeak-Los Verdes y formaciones poíticas como Aralar, que han impulsado la denuncia. «Los perjuicios que se causan son evidentes y derivan del impacto de la construcción de 480 viviendas y de su urbanización, que, de llevarse a cabo, generaría daños irreparables en un espacio de interés ecológico», recoge el auto. «Daría lugar a situaciones difícilmente reversibles».
Recurrir la resolución
El Tribunal destaca, además, que el propio Ayuntamiento establece una serie de medias correctoras y compensatorias para favorecer la conservación del visón europeo, restaurar las marismas y proteger la zona del Artibai. «Con ello, se aprecia que no se discute el interés ecológico del área y no es compatible con una clasificación del suelo como urbano por el impacto que generaría». El plan especial de Aieri, aprobado el pasado mes de abril, contemplaba destinar a viviendas de protección el 88% de los 480 pisos proyectados -un 21,6% a VPO y General, y el 66,4% a tasadas-.
Del total de 13 hectáreas que alcanza el área, las casas ocuparían el 11,8%; es decir, cerca de 14.770 metros cuadrados. La comunicación viaria, los equipamientos y servicios se llevarán el 6,3%, mientras que el resto, alrededor de 110.000 metros cuadrados, estarán repartidos entre el humedal, lugares de esparcimiento y zonas verdes. La actuación contemplaba agrupar los bloques de viviendas en la margen derecha de la ría para permitir que la configuración de los edificios favorezca la creación de dos plazas públicas.
De manera paralela, el Ayuntamiento, que recurrirá la decisión judicial, tenía previsto recuperar parte de los terrenos ganados a la ría, potenciar las especies vegetales más valiosas, garantizar la protección de la fauna existente, crear nidos y reposaderos para el martín pescador, y facilitar la estancia de las aves migratorias. El coste económico de esta operación alcanza los 82 millones de euros. Para la gestora que dirige el Gobierno local, el desarrollo de Aieri tiene carácter comarcal y es una pieza fundamental para evitar el progresivo descenso de la población que sufre la localidad vizcaína.