viernes, 13 de enero de 2012
jueves, 12 de enero de 2012
Ante la ideas raras del Ministro de Justicia
El Consejo General de la Abogacía Española ha hecho llegar al nuevo ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión, su plena colaboración
y disposición para estudiar y apoyar medidas que puedan solucionar los graves
problemas que tiene la Administración de Justicia y que padecen los ciudadanos y
todos los colectivos jurídicos. No obstante, ante las recientes manifestaciones
del ministro sobre la posibilidad de habilitar el mes de agosto para procesos
judiciales, el Consejo General de la Abogacía Española quiere manifestar:
1.- La vigente inhabilitación del mes de agosto opera
sólo en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes de
agosto es hábil para tramitar asuntos laborales y penales. También durante los
366 días de 2012, los abogados de oficio atienden y atenderán las 24 horas del
día cualquier asunto que se produzca.
2.- La inhabilitación del mes de agosto no fue debida a
reivindicaciones de ningún colectivo concreto sino al sentir general de todos
cuantos actúan en la Administración de Justicia sobre una realidad social a la
que necesariamente debe ser sensible y se adapta la legislación. Era y sigue
siendo público y notorio que la inmensa mayoría de los españoles disfruta de sus
vacaciones en el período estival y especialmente en agosto y que citar en ese
período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de
“uno de cada diez juicios” por incomparecencias como han señalado fuentes
judiciales solventes. Esa disminución de la actividad judicial no es, además,
exclusiva de España y, en todo caso, si no se incrementan las horas de trabajo o
las plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se puede
incrementar la productividad.
3.- La demora en la tramitación de los asuntos
exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la inhabilidad del mes
de agosto supone un retraso máximo de 20 días, reduce su trascendencia teniendo
en cuenta el retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España y
que, en algunos casos y en asuntos no especialmente conflictivos se están
señalando juicios para 2014 o 2015. Habilitar agosto, sin otras medidas, podría
suponer además una ralentización de la actividad de los juzgados en julio y
septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus
vacaciones en ese período.
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