La Comisión Permanente del Consejo General
de la Abogacía, en su sesión extraordinaria celebrada hoy 8 de noviembre,
aprobó por unanimidad el siguiente:
MANIFIESTO
La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio
análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de
los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz
de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas
improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar
el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero
problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la
Administración de Justicia.
La hora de las
grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces,
expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces.
Para ello necesitamos
que el Ministerio de Justicia se mueva en esa línea y que aúne voluntades y no
las separe; un Ministerio que oiga y escuche; un Ministerio que aglutine a
todos en esta labor de empuje para superar el lamentable estado de la
Administración de Justicia.
Para ello, la Abogacía propone:
- La concertación y firma de un
generoso Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los
colectivos profesionales que, a diario, actuamos y padecemos la precaria
situación: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios
públicos, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y
usuarios.
- Potenciar la independencia de los jueces
y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una
Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.
- La participación real y efectiva de
jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores
de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios
en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de
desarrollo legislativo.
- Ante la ineficacia de las reformas
acometidas hasta ahora y el muy presumible empeoramiento de la situación,
con gravísimas afecciones al Estado de Derecho, debe procederse a la inmediata
retirada del proyecto de Ley de Tasas, que consagra una justicia para
ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran
número de ciudadanos
- Retirada inmediata del borrador del anteproyecto
de Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Actualización de la regulación
contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la
situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo
caso los pagos de las prestaciones realizadas, que son objeto de
constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas.
- Dotaciones adecuadas para el buen
funcionamiento tanto de la mediación como del arbitraje como formas de
solución de conflictos, reduciendo así el colapso judicial.
- Potenciar y dotar adecuadamente los
centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y
desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones
legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores
y omisiones, abusos o fraudes que han venido sucediendo en materia tan
sensible para los derechos fundamentales.
- Acabar de una vez por todas con las
deficiencias organizativas, con la sobrecarga de trabajo en Juzgados y
Tribunales y con las extraordinarias dificultades para la conciliación de
la vida profesional y familiar de todos los que intervenimos en la
Administración de Justicia.
- Mejorar permanentemente el servicio a
los justiciables con aplicación de la carta de los derechos de los
ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los Partidos políticos del
arco parlamentario el día 16 de abril de 2002.
La Comisión Permanente aprobó asimismo la
convocatoria por los Colegios de Abogados de concentraciones de protesta en toda España en
las sedes judiciales el lunes 12 de
noviembre a las 12 de la mañana.
