martes, 4 de enero de 2011
jueves, 30 de diciembre de 2010
Dos hosteleros de Vegadeo tendrán que ir a la cárcel por exceso de ruido en su local
La Audiencia Provincial ratifica la primera sentencia por la vía penal por contaminación acústica en Asturias, dictada el pasado julio en Avilés
A. M. SERRANO / J. A. O.
La Sección Segunda
de la Audiencia Provincial ha ratificado, en todos sus términos, la primera
condena dictada en Asturias por un delito de contaminación acústica. En
concreto, el tribunal confirma íntegramente el fallo emitido en julio pasado por
el Juzgado de lo penal de Avilés, por el que se condenaba a dos hosteleros de
Vegadeo, padre e hija, a dos años y tres meses de cárcel por un delito contra el
medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica. Tal pena incluye el
ingreso en prisión.
Según los magistrados, los ruidos y la música
procedentes del bar xxx, regentado por los condenados, ocasionó graves
perjuicios a dos vecinos del inmueble, los hermanos xxxx, al situarse por encima de lo permitido en las mediciones
realizadas. Uno de ellos, el abogado xxx que ha llevado adelante la
acusación, sufrió la aparición de varios trastornos del sueño y está
diagnosticado de insomnio con apnea asociada. Su hermano, un discapacitado
psíquico con un grado de minusvalía del 75 por ciento, tiene diagnosticada una
esquizofrenia residual que requirió de neurolépticos de refuerzo que no tomaba
antes del grave problema de ruidos en su casa.
Según la sentencia del
tribunal avilesino, ratificada por la Audiencia, xxxx, titular y gerente, respectivamente, del bar xxx,
vulneraron de forma reiterada y prolongada los límites máximos de ruido y de
contaminación acústica permitidos por la normativa medioambiental. Además, los
jueces consideran probado que el ruido ocasionó daños de relevancia a los
vecinos denunciantes.
La sentencia, que no tiene precedentes en
Asturias, dicta por primera vez penas de cárcel para unos hosteleros por la
emisión de ruidos en sus negocios. Ahora, con el fallo de la Audiencia
Provincial de Asturias, se agota la vía ordinaria. Es decir, no cabe recurso de
apelación, lo que hace que la sentencia sea firme. No obstante, la defensa de
los condenados estudia presentar un recurso extraordinario de amparo al Tribunal
Constitucional, al detectar supuestos defectos en la documentación presentada en
el primer juicio, celebrado el pasado 12 de julio.
Según las fuentes de
la defensa consultadas, podría haber «defectos» en la calificación del delito
porque se condena «por el ruido que se percibe en la casa del afectado y
denunciante y no por el ruido que emite el local de propiedad del condenado». En
este sentido, diferencian dos términos, «emisión e inmisión», que, según estas
fuentes, no se tuvieron en cuenta en el primer juicio, en el cual la defensa la
ejercía otro abogado, una valoración que podría cambiar la interpretación de los
hechos denunciables y, por ende, el fallo.
Además de las penas de
prisión, la sentencia que ratifica la Audiencia obliga axxx al paen go, concepto de responsabilidad civil, de
una indemnización de 12.000 euros a xxx.
También acuerda clausurar de forma temporal, durante dos años, el bar Coyote e
inhabilita a los condenados para trabajar en este sector por el mismo período.
La defensa de los condenados tiene ahora un mes para presentar el recurso de
amparo.
LA NUEVA ESPAÑA intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con
los condenados. En las declaraciones del primer juicio, los acusados defendieron
su inocencia y explicaron que el bar xxx cumplía con los requisitos legales
al tener «doble puerta, doble cristal y también un sonómetro, que colocamos
cuando nos lo requirió el Ayuntamiento».
xxx valoró ayer de
forma muy favorable la sentencia de la Audiencia. Además, aprovechó para
agradecer la «especial sensibilidad mostrada» en este caso por el fiscal de
Medio Ambiente, xxx. «Se acaba una pesadilla de cuatro años»,
resumió xxx.
-- miércoles, 29 de diciembre de 2010
Defensor del Pueblo Europeo: los Estados miembros no pueden vetar la difusión de documentos en poder de la Comisión
El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos
Diamandouros, ha solicitado a la Comisión
Europea que haga públicos los documentos
concernientes a la construcción de un puerto
industrial en Granadilla, Tenerife. Esta
actuación es el resultado de la reclamación
presentada por la Oficina Europea de Medio
Ambiente (OEMA), una confederación de
organizaciones de ciudadanos por el medio
ambiente.
Comunicado de prensa núm. 24/2010Diamandouros, ha solicitado a la Comisión
Europea que haga públicos los documentos
concernientes a la construcción de un puerto
industrial en Granadilla, Tenerife. Esta
actuación es el resultado de la reclamación
presentada por la Oficina Europea de Medio
Ambiente (OEMA), una confederación de
organizaciones de ciudadanos por el medio
ambiente.
domingo, 26 de diciembre de 2010
ADMINTIDA A TRÁMITE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR CONTRA LA LEY 34/2006 ACCESO A LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
La Presidencia de la Camara, en ejercicio
de la delegación conferida por la Mesa, en su
reunión del dia 30 de noviembre, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:
Proposición de Ley de modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que regula el acceso a
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa
popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al
Senado, publicandolo en el Boletin, conforme a los artfculos 5.3 y 7.1 de la Ley Organica 3/1984,
de 26 de marzo, Reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Jose Bono Martinez
PRESIDENTE DEL
reunión del dia 30 de noviembre, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:
Proposición de Ley de modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que regula el acceso a
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa
popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al
Senado, publicandolo en el Boletin, conforme a los artfculos 5.3 y 7.1 de la Ley Organica 3/1984,
de 26 de marzo, Reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Jose Bono Martinez
PRESIDENTE DEL
viernes, 24 de diciembre de 2010
El Grupo Vasco EAJ-PNV garantiza la continuidad de la planta de Petronor de Muskiz durante otros 40 años
El
Grupo Vasco EAJ-PNV ha votado a favor del dictamen final de la Ley de
Economía Sostenible (exceptuando la Disposición Final Segunda
popularmente conocida como Ley Sinde que se votará separadamente) al
considerar "altamente satisfactorio" el acuerdo alcanzado con el Grupo
Socialista del Congreso de los Diputados entorno a varias cuestiones.
De esta manera se ha aprobado una enmienda transaccional (nº 899, se adjunta) con la que el Grupo Vasco EAJ-PNV consigue prorrogar automáticamente y durante 40 años más, la licencia que la Administración otorgó a la empresa PETRONOR para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la localidad de Muskiz.
De esta manera se ha aprobado una enmienda transaccional (nº 899, se adjunta) con la que el Grupo Vasco EAJ-PNV consigue prorrogar automáticamente y durante 40 años más, la licencia que la Administración otorgó a la empresa PETRONOR para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la localidad de Muskiz.
jueves, 23 de diciembre de 2010
sábado, 18 de diciembre de 2010
El Gobierno aprueba un Anteproyecto de Ley con medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos
En el orden jurisdiccional civil
En el proceso monitorio (procedimiento para reclamaciones de deuda acreditadas documentalmente) se suprime el límite máximo de 250.000 euros y se equipara así al sistema monitorio europeo. De esta manera se
amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.
En cuanto a los recursos, se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía (hasta 6.000 euros), de modo que la sentencia de primera instancia devendrá firme. Con ello se salvaguarda el derecho de acceso al juez al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.
También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito, lo que reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.
En cuanto al recurso de casación, se refuerza el papel del Tribunal Supremo como garante de la igualdad y, por tanto, su papel como tribunal de unificación doctrina mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.
En cuanto al recurso de casación, se refuerza el papel del Tribunal Supremo como garante de la igualdad y, por tanto, su papel como tribunal de unificación doctrina mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.
En materia de subasta de bienes se evitan situaciones de enriquecimiento injusto al eliminar la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio o valor. La reforma cierra esta posibilidad y dispone claramente que en ningún caso podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los inmuebles por una cantidad inferior al 50% del valor por el que fueron tasados. Lo mismo ocurre con los bienes muebles, cuyo límite se establece en el 30% del valor de tasación.
En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el renting (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el leasing, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.
En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el renting (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el leasing, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.
En el orden contencioso administrativo
Se incorporan determinadas modificaciones que implican una mejora y racionalización técnica, como la supresión de trámites innecesarios en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más adecuado y clarificado régimen jurídico de las medidas cautelares más urgentes.
También se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros, incorporándose además el interés casacional como mecanismo de inadmisión de los recursos. En este caso la agilización se consigue por dos vías: en primer lugar dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.
Finalmente, se incorpora el establecimiento en materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia, el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el Tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.
También se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros, incorporándose además el interés casacional como mecanismo de inadmisión de los recursos. En este caso la agilización se consigue por dos vías: en primer lugar dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.
Finalmente, se incorpora el establecimiento en materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia, el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el Tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.
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