Próxima desaparición de tasas judiciales para personas físicas

El Gobierno ha anunciado la supresión de las tasas judiciales a las personas físicas tras el discurso del presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación, pero mantiene la aplicación del gravamen a las personas jurídicas, es...

http://www.diariosur.es/nacional/201502/24/gobierno-suprime-tasas-judiciales-20150224144932-rc.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=LK

Cárcel para los primeros condenados por el fraude en el reciclaje eléctrico

Cárcel para los primeros condenados por el fraude en el reciclaje eléctrico Compraban frigoríficos viejos por centenares y los trituraban sin los debidos controles liberando a la atmósfera gases …
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/17/actualidad/1421513423_964425.html

la cara oculta de la red natura 2000

Pasamos a enlazar con un artículo que ha causado indignación en más de un lector y a continuación réplica merecida de RADA

http://www.efeverde.com/noticias/red-natura-2000-limitaciones/

REPLICA

El día 5 de enero se ha publicado en EFEVerde una noticia que recoge puntos de vista de una abogada, (Pilar Martínez) sobre la Red Natura. Esta abogada, que dice ser representante de agricultores y ganaderos, bajo la frase “La red Natura 2000 no tiene futuro si no se compensan las limitaciones”, se refiere a la necesidad de que  “la UE conozca la otra cara de la red Natura 2000″, o “las opiniones de quienes se muestran reticentes y recelosos ante esta figura de protección”

Que a estas alturas, y por parte de una profesional del derecho, se expresen las opiniones que el articulo contiene provoca sorpresa y tristeza. Como profesionales del Derecho pensábamos que este debate ya estaba cerrado, porque sobre el han corrido ya  ríos de tinta que harían innecesario volver sobre el tema una y otra vez y porque en el contexto de practica destrucción de la legislación ambiental que esta llevando a cabo este Gobierno, la Red Natura es prácticamente y aun con sus limitaciones, casi la única garantía de conservación de la biodiversidad que nos queda en este Reino.

Quede claro, de partida, que nadie discute la necesidad de indemnizar o compensar económicamente a los propietarios del terreno por las limitaciones y restricciones que se les imponen. Pero dichas compensaciones debería tener en cuenta, en primer lugar,  la limitación constitucional del derecho a la propiedad, la relevancia del bien protegido (la biodiversidad) y además, tales restricciones o limitaciones deberían ser reales  y aplicarse sobre daños patrimoniales que puedan justificarse. De ahí ha de partir cualquier aproximación a este tema.

Para empezar, hay que reconocer que efectivamente, como indica Pilar Martínez, la UE no contaba con mucha información sobre la economía y la sociología del campo español a la hora de aprobar la Directiva de Habitats en 1992. Pero debe añadirse que por lo que se ve, nosotros, ciudadanos españoles, tampoco contábamos con ella. En este tiempo transcurrido ha quedado claro que uno de los principales problemas para poder aplicar con eficacia una figura jurídica tan eficaz como la Red Natura es que gran parte de las actividades desarrolladas en el campo español han permanecido hasta la fecha en una situación de práctica alegalidad.  Las cuentas del campo, salvo en casos contados, no han aflorado.  Y si las cuentas no afloran (véase, en particular y por ejemplo, el caso de la caza), es imposible siquiera pensar en indemnizar posibles limitaciones.  El Derecho español, desde Alfonso X el Sabio, prevé la indemnización a aquellos a quienes las normas privan de derechos, desde luego. Pero para que tales indemnizaciones tengan lugar, habrá de estar claro cual sea el “lucro” que generaban las prácticas a limitar.

En segundo lugar, el Derecho se debe ocupar de las realidades en toda su amplitud de deberes y contrapartidas. Por lo tanto, ¿Por qué alzar la voz contra supuestos impactos negativos de la Red Natura mientras se ignoran sus impactos económicos positivos? Esos beneficios económicos pueden proceder de los servicios que realizan los ecosistemas (por ejemplo, suministro y depuración de agua, protección contra la erosión del suelo, etc.) de  los alimentos y los productos forestales que proporcionan, así como de las actividades que pueden llevarse a cabo en el interior del espacio o en relación con él como, por ejemplo, el turismo, actividades de formación y educación, etc., o de la venta directa de productos de los parajes de la red. Esos beneficios pueden suponer, y de hecho suponen, una fuente importante de ingresos y empleo a nivel local y otros beneficios para el desarrollo regional más amplio. ¿Qué los titulares se estén beneficiando de esos efectos nos da derecho a los demás ciudadanos a reclamarles una parte de esos beneficios? No, ¿verdad?

En tercer lugar el Artículo 33.3 y el Artículo 106.2 de la Constitución, vienen a enunciar, en efecto,  los principios generales del respeto a la propiedad privada. Pero también es preciso tener en cuenta que ese derecho se encuentra limitado en los epígrafes 1 y 2 del articulo 33, refiriéndose este ultimo a la “función social de la propiedad”, concepto ampliamente delimitado por la jurisprudencia. Nuestros tribunales han repetido en numerosísimas ocasiones que la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad puede suponer un límite al derecho de propiedad sobre los bienes que integran dicha categoría, lo que arrastrará necesariamente la idea de que sus titulares deberán soportar sacrificios no indemnizables en orden a su uso y disfrute, en virtud de la cláusula constitucional de la función social de la propiedad. [1]

... el límite entre la privación de un derecho patrimonial y la simple incidencia o relimitación legal no es siempre fácil de determinar, por lo que a partir de la doctrina sobre el contenido esencial de los derechos constitucionales, se ha señalado por reiterada jurisprudencia.....que no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho de los intereses individuales que a éste subyacen, sino debe incluir, igualmente, la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo, aunque  proceda el reconocimiento del derecho a la indemnización, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable.

Así pues, los derechos de propiedad pueden legítimamente limitarse si una norma legal  restringe las facultades de decisión del propietario con relación al uso, destino y aprovechamiento de sus tierras o si impone o permite imponer determinados deberes de explotación, siempre que tales restricciones o imposiciones estén orientados a la obtención de una mejor utilización de los recursos naturales,  desde el punto de vista de los intereses generales, y siempre que quede salvaguardada la rentabilidad , aun obtenida de un modo diferente, del propietario o de la empresa agraria [2].

Los derechos patrimoniales limitados pueden ser objeto de indemnización, teniendo muy en cuenta todo lo señalado hasta ahora. La vigente normativa así lo señala. Si este derecho no esta apareciendo en los instrumentos de gestión, lo cual es parcialmente cierto, se debe a la inadecuación de dichos planes, a la opacidad de las administraciones públicas en su preparación y a la pasividad de los agentes sociales a la hora de participar en ellos.  

Manos a la obra, pues. Mucho mejor, para todos, tratar de trabajar proactivamente en los planes de gestión que impugnarlos después en Tribunales.

RADA (Red de Abogados de Defensa Ambiental)

Articulo escrito por Cristina Álvarez Baquerizo

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[1] Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1990  y de 2 de febrero de 1997.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional  37/87 de 26 de marzo

La impunidad amenaza al coral rojo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/29/catalunya/1419883816_022003.html

PREVARICACIÓN AMBIENTAL

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/23/actualidad/1419328332_902435.html

Simulador renta 2014

Se encuentra disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria el simulador IRPF 2014. 
El simulador confeccionado por la Agencia Tributaria facilita la realización de los cálculos y permite simular el resultado de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al ejercicio fiscal 2014, a presentar en 2015. 
Este servicio de ayuda calcula el resultado de la hipotética declaración, que no tiene validez jurídica, en función de los datos introducidos por el propio contribuyente. Es un instrumento de utilidad para quien quiera planificar o conocer con antelación cuál podría ser la cuota a ingresar o a devolver en su futura declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los resultados no son vinculantes para la Agencia Tributaria.
Hemos añadido en el blog un acceso directo a la página de la Agencia Tributaria.

¿Debe el Secretario Judicial admitir un acto procesal al que, aún sin acompañar la tasa judicial, se adjunte la solicitud de aplazamiento presentada ante la AEAT?

 Roj: ATSJ CAT 127/2014 - ECLI:ES:TSJCAT:2014:127A
Id Cendoj: 08019330012014200001
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Barcelona
Sección: 1
Nº de Recurso: 920/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: CONTENCIOSO
Tipo de Resolución: Auto


HECHOS
PRIMERO.-Contra la sentencia dictada en las presentes actuaciones interpuso la parte demandante
recurso de casación para la unificación de doctrina, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley de la
jurisdicción y alegó que había solicitado el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
SEGUNDO.- Por escrito presentado el 29 de enero de 2014 comunica la parte demandante que le ha
sido denegado el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y en consecuencia debe abonar la
tasa prevista en la Ley 10/2012 No obstante, dado el elevado importe de la misma. 1339.52 euros, ha solicitado
de la Administración Tributaria el aplazamiento del pago de la deuda por un año. Comunica esta circunstancia
al Tribunal y solicita la admisión del recurso de casación.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De la actividad de la demandante solicitando el aplazamiento del pago de la tasa
se desprende su inequívoca voluntad de cumplir con esta obligación tributaria y que acepta todas las
consecuencias derivadas de su exigencia.
SEGUNDO.- La previsión de l Ley 10/1992 es que el devengo de la tasa se produzca al interponer el
recurso de casación - art 5- y su no abono, tras requerir la subsanación del defecto, ocasione la preclusión
del acto procesal - art, 8.2.2º párrafo. No obstante, nada dice la citada norma, ni tampoco la Ley 8/1989 de
Tasas y Precios Públicos , que impida pedir y obtener el aplazamiento del pago, es más del art. 27.7 de esta
última, puede interpretarse la aplicación del régimen general previsto en la Ley General Tributaria , que en
este punto, es el invocado por el demandante en su escrito.
TERCERO.- En definitiva y al amparo, también, de la doctrina constitucional elaborada entorno al
principio "pro actione" que impide una aplicación rigorista de la norma procesal que de como resultado2
conculcar el derecho de defensa o más ampliamente, el de tutela judicial efectiva, procede admitir y dar curso
al recurso de casación sin perjuicio del resultado y las acciones a las que de lugar la petición de aplazamiento
de pago de la tasa prevista para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y siempre que se cumplan el resto
de los requisitos - se observa que falta acreditar el depósito del importe previsto en la Disposición Adicional
15 de la LOPJ -.
PARTE DISPOSITIVA
ACORDAMOS, que se admita a trámite el recurso, una vez acredite la consignación del deposito para
recurrir previsto en la DA. 15 de la LOPJ . a dicho fin se requiere a la parte recurrente por el plazo de 2 días.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Agencia Tributaria, acompañándole a esta última también,
copia del escrito y documentos presentados por la recurrente: se les hará saber que este auto cabe recurso
de reposición a interponer en el plazo de 5 días.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que se citan en el encabezamiento.
Doy fe.