Un Juez Decano ha recomendado
que los demandantes por asuntos medioambientales no tengan que pagar las costas
de la parte contraria en recursos de apelación por asuntos medioambientales.
La presión sobre el gobierno Británico
para que tome medidas con respecto al acceso a la justicia medioambiental, va en aumento tras la revisión de las costas
en los procedimientos civiles llevada a cabo por su Señoría el Juez Jackson.
La revisión fue encargada por el
Master of the Rolls, el Segundo Juez más decano del país, con el fin de analizar
la necesidad de realizar cambios con respecto a las reglas aplicables a las
demandas civiles. Su Señoría, el Juez
Jackson, miembro de la Corte
de Apelación, revisó como parte de su cometido las demandas de apelación.
Su Señoría concluye que todos
los demandantes en casos de apelación no deberían, en términos generales,
sufrir el riesgo de pagar las costas de la parte contraria. El Juez Jackson
considera que ésta sería la forma más simple y obvia para cumplir las obligaciones
impuestas por el Convenio de Aarhus contraídas por el Reino Unido en 2005.
El Convenio establece que el
acceso a la justicia medioambiental no debería ser prohibitivamente caro.
Diversos grupos de activistas han argumentado que el Reino Unido infringe el
Convenio ya que actualmente, tanto las personas individuales, como las
organizaciones se ven obligados a desistir de interponer casos debido al riesgo
de tener que pagar miles de libras en concepto de costas, si pierden.
Su Señoría el Juez Jackson
declaró en el informe que “ No beneficia
al interés público que los demandantes potenciales se vean obligados a desistir
de solicitar la revisión judicial de procedimientos debido a los considerables
riesgos financieros inherentes”.
La ELF (Research by charity the
Environmental Law Foundation), Fundación sin ánimo de lucro para la
investigación de la Legislación Medioambiental, publicó en Enero un
informe que revelaba que en el 56% de
los casos en los que era recomendable acudir a los tribunales, entre 2005 y
2009, los posibles demandantes se vieron obligados a desistir debido al temor
de las costas legales. Casi el 60% de los demandantes ganaban menos de 15.000 libras esterlinas
al año.
Debbie Tripley, Director General
de ELF eclaró “Somos cautelosamente optimistas con respecto a que si el
Gobierno implementara estos cambios se solucionarían muchos de los casos
identificados en nuestro informe."
Phil Michaels, responsable legal
de Amigos de la Tierra,
está de acuerdo con las recomendaciones del informe, pero considera que las recomendaciones
del Juez Jackson son menos claras con respecto a si un litigante podría conocer anticipadamente el alcance de
sus posibles costas en caso de que perdiera. Esto es a menudo crucial a la hora
decidir si continuar con un caso o no.
Las ONGs en particular no están
seguras de si ellas podrían solicitar la exención de costas ya que el Juez
Jackson habla en su informe de demandantes “personas físicas” y “corporaciones” .
Las grandes ONGs a menudo tienen una rama corporativa y otra sin ánimo de
lucro, por lo cual podría parecer que tienen grandes ingresos, si bien en la
práctica la mayoría de dichos ingresos son destinados a proyectos, quedando muy
poco disponible para reclamaciones judiciales.
Amigos de la Tierra, WWF, Greenpeace, y La Sociedad
Real para la
Protección de las Aves (RSPB) han llevado a cabo entre
todas ellas 31 revisiones judiciales
desde 1.900. En algunos casos los demandantes acordaron de antemano que
cubrirían sus propias costas, si bien en otros las ONGs afrontaron costas por
valor de miles de libras esterlinas, ascendiendo en un caso a la cifra de 200.000 Libras.
Carol Hatton, abogado de WWF declare
que: "Nosotros tenemos casos bien argumentados que nos vemos obligados a abandonar
a causa de las costas. Es un cheque en blanco qué de momento nos aterra”.
La “Revisión de Jackson” no es
la primera que plantea un escrutinio sobre la aplicación del Convenio de Aarhus
en el RU. Un informe realizado por el Juez de la Corte Suprema Sir
Jeremy Sullivan en el 2008 concluyó que el Gobierno contravenía el Convenio con
respecto a las costas judiciales.
El Gobierno no está de acuerdo y
argumenta que los Juzgados pueden tomar medidas para asegurar que las costas
sean proporcionadas. En concreto los Jueces pueden aplicar una Ordenanza de
protección de Costas que permite reducir
las costas del demandante en caso de que pierda. Sin embargo, ésta raramente se
aplica. La Corte
de Apelaciones y el Tribunal Supremo tan sólo aplican esta Ordenanza en
ocasiones excepcionales. De las 4 grandes ONGs, tan sólo Amigos de la Tierra ha conseguido se le
aplique esta Ordenanza de Reducción de Costas y tan sólo en una ocasión.
Quienes soliciten la aplicación
de la Ordenanza
para la Reducción
de Costas deben demostrar que se caso es “de importancia general para el
público”. Esto se interpretan en el sentido de que el caso en cuestión debe decidir sobre un nuevo punto
sobre la ley o ser de gran alcance general o afectar a un gran número de
personas.
El Informe Sullivan hizo Constar
que la Ordenanza
de Reducción de Costas no puede ser utilizada para alegar el cumplimiento del
Convenio de Aarhus a menos que sus criterios de aplicación se flexibilicen.
El Gobierno debe decidir ahora
si implementar o no las recomendaciones del Informe Jackson. El abogado Richard
Kimblin, miembro de la
Directiva del grupo de
trabajo sobre litigación medioambiental de la Asociación para la Legislación
Medioambiental del Reino Unido, considera que el Gobierno no
tendrá más remedio que implementar las recomendaciones del Informe ya que las
mismas proponen las mismas reglas para las costas en apelación que para
demandas por lesiones. Richar Kimblin declaró que: "Será difícil para el
Gobierno cambiar este punto y decir: “Vamos a parar los pies a esos letrados
ganando grandes sumas de dinero llevando reclamaciones por lesiones clínicas o
negligencia, pero, cuando se trate de demandas contra nosotros mismos (el Gobierno) mantendremos las costas contra
los demandantes que pierdan”.
El Gobierno y los Ayuntamientos
tendrán que afrontar la posibilidad de un aumento en las demandas, si bien el
Sr. Kimblin, consideró que aumentarían en unos pocos cientos al año. Sin embargo,
se enfrentarán con el peso adicional de recobrar muy poco o nada de las costas.
La mano del Gobierno puede verse
forzada. El Comité para el Cumplimiento del Convenio de Aarhus está estudiando
en este momento una serie de denuncias contra el Reino Unido por falta de
acceso a la justicia medioambiental. La decisión era esperada para Enero, si
bien ha sido pospuesta hasta la primavera.
La Comisión Europea
está también considerando la posibilidad de tomar acciones legales contra el
Reino Unido en respuesta a una queja presentada por la Coalición para Acceso a la Justicia Medioambiental (Coalition for Access to Justice on the Environment
(CAJE)), la cual se haya compuesta por WWF, Amigos de la Tierra, Greenpeace, la Sociedad Real para la Protección de las Aves (RSPB),
la Fundación
sin ánimo de lucro para la investigación de la Legislación
Medioambiental (ELF) y Capacity Global.
El Informe Jackson también apoya
el uso extendido de “antes del caso”, la inclusión de la cobertura de hasta 100.000 Libras en el
seguro del hogar para cubrir las reclamaciones por molestias.
Fernando
Lopez Carrasco, Barqueta.
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