Madrid, 18 de
noviembre de 2010 - El
anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas elaborado por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid plantea la eliminación de todos los
órganos consultivos y de participación social de la Consejería de Medio
Ambiente, bajo el supuesto argumento de la reducción de costes. Para las
organizaciones conservacionistas esta medida resulta absolutamente
inaceptable, ya que suprime todo tipo de control sobre la gestión ambiental
en la Comunidad, además de no suponer ningún tipo de ahorro. Por ello
exigen la retirada inmediata de la medida.
El anteproyecto de la ley de Medidas Fiscales y
Administrativas -o ley de acompañamiento de los presupuestos-, desarrollado
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, plantea la eliminación de todos
los órganos consultivos de los espacios protegidos, de la red de vías
pecuarias y de caza y pesca. El argumento que se esgrime en dicha ley es el
del ahorro. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad, ya que
ninguno de estos órganos tiene coste alguno. En primer lugar porque carecen
de sede - se reúnen en la propia Consejería de Medio Ambiente- y, en
segundo lugar, porque las normas de constitución establecen la ausencia de
retribuciones a sus miembros.
Parece por lo tanto evidente que detrás
de esta ley se encuentra la voluntad del gobierno de la Comunidad de
cercenar la participación social, el acceso a la información y, muy
particularmente, las reacciones a determinadas decisiones relacionadas con
la gestión del territorio. Esto no es más que el resultado final de una
política que viene llevando a cabo la Comunidad desde hace tiempo. De
hecho, la mayoría de los órganos colegiados no han sido convocados en los
últimos años, pese a las continuas peticiones y denuncias de los colectivos
ecologistas.
Para las organizaciones resulta inaceptable
que, con la supuesta excusa del ahorro, el Gobierno de Madrid quiera
silenciar a la sociedad civil y recorte los derechos de participación de
los ciudadanos recogidos en convenios internacionales como el de Aarhus.
Por ello, exigen al Gobierno regional que elimine de forma inmediata esta
propuesta de anteproyecto de ley y cumpla con sus obligaciones de manera
que dichos órganos no sólo no sean eliminados, sino que vuelvan a ser
convocados de forma regular. De no cumplirse estas exigencias, las organizaciones
están dispuestas a recurrir esta ley ante las instituciones competentes.
Las ONG instan al Ministerio de Medio
Ambiente a que apruebe urgentemente el Real Decreto de directrices de
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en el que se incluya la
obligación básica de contar con órganos de participación en los Espacios
Naturales Protegidos como una garantía más de la buena gestión de los
recursos.
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