El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Extremadura estima la demanda de Ecologistas en Acción ordenando la restitución
de los terrenos protegidos a su estado anterior. El proyecto consistía en la
construcción de más de 550 viviendas, equipamientos hoteleros, un campo de golf
de 18 hoyos y puerto deportivo.
La promotora urbanística “Marina de Valdecañas”, contó con el apoyo y
connivencia del Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto
de Interés Regional (PIR).
El área de ubicación del complejo urbanístico cuenta con importantes valores
naturales por lo que formaba parte de la Red Natura 2000 dada su declaración de
Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y
afectaba a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC). Este
humedal tiene importancia internacional por las especies que lo habitan, muchas
en peligro de extinción.
El TSJ de Extremadura, tras analizar los valores naturales protegidos señalados
en la Directiva 92/43/CEE habitas, así como la normativa ambiental aplicable a
nivel estatal y autonómico, da por buenos los argumentos de Ecologistas en
Acción en su impugnación del Decreto.
Además, el TSJ estima que la capacidad planificadora de los PIR, regulado por
el art.60 y ss. de la Ley del suelo de Extremadura, no es ilimitada y que deben
atender a los criterios generales contenidos en la propia Ley del Suelo de
Extremadura. Este PIR reclasificó 1.340.000. metros cuadrados que pasaron de no
urbanizables de especial protección a urbanizable.
El TSJ sentencia que no se ha motivado suficientemente ni la justificación del
proyecto ni su utilidad pública o interés social. Entendiendo además que el
proyecto no se adecua a la figura del PIR. El TSJ recuerda al Gobierno
Autonómico que el PIR solo se concibe para aplicar a viviendas sometidas a
promoción pública, y no a complejos hoteleros y de ocio.
Por último, la sentencia considera que hay falta de motivación en la elección
del emplazamiento (aprobado por el Decreto 55/2007, de 10 de abril) toda vez
que se actúa sobre un suelo no urbanizable de especial protección. Como alegó
Ecologistas en Acción en su demanda, en modo alguno se motiva que sean esos
terrenos “de protección ambiental extrema” los más idóneos para el interés
social de proyecto, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en
otros terrenos con menor protección o incluso sin protección.
Por ello Ecologistas en Acción celebra la Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura, que supone un nuevo varapalo
jurídico en materia ambiental para el Gobierno Extremeño y evidencia la falta
de sensibilidad de éste con la sostenibilidad, el medio ambiente y los enormes
valores ambientales que posee esta comunidad autónoma. En tal sentido
Ecologistas en Acción solicitará al ejecutivo extremeño, así como del la
Confederación Hidrográfica del Tajo, el cese inmediato de las obras y la
restitución del espacio a su estado anterior.
Por último, Ecologistas en Acción muestra su preocupación por la integridad
física de sus activistas en la zona, pues han sido objeto de múltiples ataques
desde hace tiempo. Estos ataques (a sus automóviles, viviendas y personas) han
sido motivados por oponerse a este proyecto urbanístico. Ecologistas en Acción
confía en que el ayuntamiento de El Gordo y la Subdelegación del Gobierno en
Cáceres velen por la seguridad de los miembros de Ecologistas en Acción en la
comarca.
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